Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 1 de julio de 2025, marca un importante límite a la actuación de la Agencia Tributaria: no basta con figurar como administrador en el Registro Mercantil para ser responsable subsidiario de las deudas de una empresa.
El caso juzgado se refiere a una administradora que ya había cesado en el cargo y transmitido sus acciones antes de generarse la deuda. Aunque su cese no se había inscrito en el Registro, el Supremo falló a su favor y aclaró que la inscripción registral no es suficiente para derivar responsabilidad. Es imprescindible que Hacienda acredite una conducta culposa o dolosa por parte del administrador.
Este fallo refuerza la seguridad jurídica y recuerda que la derivación de responsabilidad debe estar siempre motivada y basada en pruebas claras, no en formalismos.